Por G. 50.000 a G. 100.000, los trabajadores podían conseguir un reposo médico sin pasar por una consulta. Si necesitaban más días de descanso, debían pagar más plata. El negocio se manejaba a través de Facebook y otras redes sociales y los documentos se entregaban directamente en la casa de la vendedora.
Así funcionaba el presunto negocio de certificados médicos truchos que terminó bajo la lupa de la Fiscalía y la Policía en Lambaré.
La sospechosa, identificada como Analía Figueredo Ramírez, supuestamente redactaba los reposos a mano y les daba apariencia de legalidad utilizando sellos profesionales de distintos médicos. De esa manera, los papeles podían pasar por documentos auténticos para justificar ausencias en los lugares de trabajo.
Tenía sellos de varios hospitales
El caso salió a la luz tras la denuncia presentada por la doctora Griselda Meza, exdirectora del Hospital de Lambaré, quien alertó sobre la circulación de certificados que llevaban su nombre, una firma y un sello que no reconoció ni autorizó.
A partir de esa presentación, el Ministerio Público y la Policía Nacional avanzaron con la investigación, que derivó en un allanamiento en la vivienda de la sospechosa y su posterior detención.
El procedimiento estuvo encabezado por el fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz. Durante la intervención, los investigadores encontraron decenas de sellos profesionales de distintas especialidades, además de membretes, formularios y papelerías correspondientes a entre cinco y seis centros asistenciales del país, entre ellos los hospitales de Lambaré y Barrio Obrero.
El subcomisario Blas Espínola explicó a NPY que la cantidad de evidencias encontradas permitió conocer mejor cómo se habría manejado el negocio.
“Ella tenía sellos de seis hospitales, como también membretes”, señaló.
No era doctora
Según los datos policiales, Figueredo Ramírez es ama de casa, no tiene formación médica y tampoco es funcionaria de ningún centro asistencial.
Cuando los intervinientes le preguntaron sobre el origen de los elementos encontrados en su vivienda, la mujer decidió abstenerse de declarar.
Ahora, los investigadores deberán determinar el alcance de la presunta comercialización, identificar a las personas que habrían comprado los certificados y establecer si existen otros involucrados en el esquema.