Fidel Zavala, María Edith Bordón de Debernardi y familiares de Cecilia Cubas, víctimas de secuestro en nuestro país, emprendieron una campaña pidiendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no falle a favor de Juan Arrom y Anuncio Martí.
Ambos están ligados al secuestro de María Edith, en el 2001, y son considerados como los padres del EPP. En enero del 2002, denunciaron que fueron secuestrados y torturados por agentes de la Policía, razón por la cual ahora demandan al Estado paraguayo un resarcimiento que podría superar los 60 millones de dólares.
Con el hashtag #NiUnDolarParaElSecuestro, las víctimas de secuestro presentaron un video en el que aparecen contando los días terribles que pasaron estando privados de su libertad ilegítimamente.
“Cuando escucho la palabra secuestro me genera temor, genera terror”, dice Fidel Zavala, quien estuvo en poder del EPP entre el 2009 y 2010; y a quien posteriormente liberaron tras el pago de un millonario rescate.
La audiencia pública en juicio por la causa de Arrom y Martí contra el Paraguay está pautada para este jueves a las 09:00, en la ciudad de San José de Costa Rica. Allí, representantes del Estado paraguayo deberán presentar sus alegatos. El proceso continúa el 8 de marzo y después la Corte toma una decisión definitiva: si Paraguay debe pagar o no a los dos.
“Si ellos fallan a favor de estos secuestradores, estarían fallando a favor del crimen”, señala en el video María Edith.
Lo único que no es aceptable para el Paraguay como país es dejarse extorsionar de esta manera”, afirmó, por su parte, el expresidente de la República, Raúl Cubas Grau, papá de Cecilia, quien fue secuestrada y asesinada en el 2004.
En el material audiovisual también aparecen recortes periodísticos sobre el secuestro del joven Arlan Fick y de Edelio Morínigo, suboficial que hasta ahora no aparece.
Refugiados políticos
Antes del juicio por el secuestro de Bordón de Debernardi, Arrom y Martí huyeron a Brasil, en donde se encuentran en calidad de refugiados políticos. El presidente Marito Abdo pidió al gobierno de Jair Bolsonaro que les retire este estatus; si eso ocurre, ellos deberán volver a Paraguay y enfrentar el proceso por secuestro.