Leticia Ocampos y Serenella Argaña, la nuera del expresidente Santiago Peña, ya movían sus fichas judiciales desde el año pasado para evitar que se conozca información sobre sus negocios y vínculos empresariales.
El 30 de octubre de 2025, un grupo de 13 familiares del exmandatario presentó un amparo constitucional contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con el objetivo de frenar la entrega de datos sobre las sociedades en las que aparecen.
Entre los que hicieron la petición figuran Carlos Antonio Ocampos Zelada (padre de la ex primera dama), María Teresa Villate Garcete (madre de la exprimera dama), Carlos Ocampos Villate (hermano de la ex primera dama), Aadriana Ocampos Villate (hermana de la ex primera dama). Además, la propia Leticia Ocampos Villate (ex primera dama), Ana María Palacios de Peña (madre del expresidente), José Cayetano Peña Nieto (padre del expresidente), Gonzalo Peña Ocampos (hijo del expresidente), Serenella Argaña Scavone (nuera del expresidente), Manuel Peña Palacios (hermano del expresidente), Claudia Verónica Gómez Abente (cuñada del expresidente), Francisco Peña Palacios (hermano del expresidente), y Rocío Caballero Bosch (cuñada del expresidente).
La acción judicial surgió luego de que Hugo Javier Portillo Sosa presentara, el 7 de setiembre de 2025, un pedido de acceso a la información pública ante el MEF. Solicitó conocer todas las empresas en las que los integrantes de la familia Peña figuran como accionistas, socios fundadores, directivos, administradores, representantes legales, apoderados o propietarios.
Los familiares argumentaron que divulgar esos datos pondría en peligro su intimidad, su patrimonio documental e incluso su seguridad y la de sus allegados. Sostuvieron que se trata de información reservada y que no corresponde entregarla a cualquier ciudadano.
El juez les dio la razón
El Ministerio de Economía respondió que no correspondía conceder el amparo y señaló que ya había emitido un informe jurídico sobre el pedido. Sin embargo, el juez Civil y Comercial del Undécimo Turno consideró que la información del Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y del Registro de Beneficiarios Finales tiene acceso restringido, según la Ley 6446/2019.
El magistrado sostuvo que esos registros están habilitados para organismos estatales y entidades autorizadas, principalmente aquellas que trabajan en la prevención e investigación de delitos, lavado de dinero y evasión fiscal, entre otras funciones.
Por eso, concluyó que entregar los datos a un particular sobrepasaría los límites establecidos por la ley y podría vulnerar derechos constitucionales de los amparistas.
Finalmente, hizo lugar al amparo y ordenó al MEF a no entregar documentos reservados de los familiares, salvo que exista una orden judicial expresa o que el pedido provenga de un organismo estatal habilitado.
El fallo no declara que los familiares estén involucrados en alguna irregularidad ni establece responsabilidad penal alguna hasta el momento. Resuelve exclusivamente sobre el acceso de terceros a la información societaria y patrimonial que consta en los registros del Estado.