El presidente Santiago Peña defendió sus decisiones sobre el IPS tras la imputación del ex titular de la institución Jorge Brítez. Aseguró que no se arrepiente de haberlo designado ni sostenido, afirmando que actuó de manera responsable con la información disponible en su momento.
Sobre la posibilidad de haberse equivocado al designar a Britez como presidente de la previsional y ahora está imputado por lesión de confianza por el Ministerio Público, dijo que nada qué ver, qué cada uno sabe lo que hace.
“A ver: somos personas de carne y hueso sujetas a imperfecciones. Yo no vengo acá a dar lecciones de moral a nadie. Yo no soy nadie para dar clases de moral. Ni para decir quién es ‘bueno’ y quién es ‘malo’ Cada uno sabemos lo que hacemos, por qué lo hacemos y luchamos y nos levantamos todos los días...”
Evaluaciones y cambios
Remarcó que en estos casi 3 años de Gobierno que está cumpliendo ha realizado varios cambios en su Gabinete, tomando decisiones basadas en las informaciones que maneja. Aseguró que las evaluaciones no las realiza de forma mensual, ni quincenal, sino minuto a minuto, día a día.
“Las veces que creí conveniente llevar adelante cambios, tomé esa decisión y así seguiré haciendo hasta el último día. Les conté que hago las evaluaciones, no de forma quincenal o mensual, sino haciendo seguimiento minuto a minuto y seguiré haciendo esas evaluaciones tomando decisiones, porque me involucro en cada uno de los temas analizados tratando de contar con la mayor información posible, y basadas en ellas tomo las decisiones”, dijo.
Desfalco al IPS
El fiscal Julio Ortiz imputó a Jorge Brítez y Vicente Mario Bataglia, ex presidentes del IPS, además de otros integrantes del Consejo, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones.
Ninguno se presentó aún al Ministerio Público aún con pedido de presión. De Bataglia lo único que se sabe es que el 23 de julio viajó a Italia. De Brítez y demás implicados, nada se sabe.
La denuncia refiere a hechos punibles de lesión de confianza por el caso de las adendas de quirófanos modulares.
De acuerdo con el Ministerio Público, se señala un perjuicio económico a la previsional de G. 61.000 millones.