José Zaván, el joven que en 2021 sobrevivió a un accidente aéreo que dejó siete muertos y lo dejó al borde de la muerte, no recibirá indemnización según decidió la Cámara de Apelaciones.
Desde aquel día, su vida fue una cadena de cirugías, rehabilitación y costos altísimos que su familia viene enfrentando casi sola.
En ese contexto, Zaván decidió ir a la Justicia. Pidió al Estado una indemnización de más de G. 16.000 millones, argumentando que necesitaba ese respaldo para sostener un tratamiento largo, complejo y prácticamente de por vida.
Pero la lucha “del joven milagro” no recibirá apoyo del Estado. Primero un juez rechazó su demanda. Y ahora, un Tribunal de Apelación confirmó esa decisión. La Justicia cerró la puerta, al menos por ahora, a cualquier resarcimiento estatal.
Según la Procuraduría General de la República (PGR) argumenta que a partir del día del accidente, Zaván tenía 1 año para accionar pero el Estado fue notificado de la acción recién el 21 de febrero del 2023. Es decir, luego de 2 años y 12 días del accidente aéreo.
“Conforme a la normativa especial y vigente que rige la materia, y teniendo presente que el accidente aéreo ocurrió el 9 de febrero del 2021, la parte actora debió notificar la demanda a más tardar el 9 de febrero del 2022, cuestión que en estos autos no sucedió”, explicó el entonces procurador Rodolfo Barrios.
El 20 de diciembre de 2024 el entonces juez en lo civil y comercial del 2° turno, Arnaldo Martínez Rozzano (actual camarista) también resolvió hacer lugar al mismo argumento: que no se presentó a tiempo la demanda. Ayer, esta sentencia fue confirmada por el Tribunal de Apelación en lo civil, integrado por los camaristas Rocío González Morel, Linneo Ynsfrán Saldívar y Alejandrino Cuevas.
El joven pasó 65 días en coma y más de 20 cirugías; del otro lado , un sistema judicial indicó que “no se probó con medios fehacientes que, en el lapso de un año siguiente del accidente aéreo, plazo dentro del cual debía haber iniciado la acción, el damnificado se encontrara efectivamente incapacitado para promover el presente juicio, ya sea por fuerza mayor, incapacidad física o mental debidamente acreditada, o cualquier otra circunstancia que pudiera haber suspendido o interrumpido el curso de la prescripción. La mera alegación de tales impedimentos, sin respaldo en pruebas idóneas y concluyentes, resulta insuficiente”, argumentó González Morel.
Pedían G. 16 mil millones
Zaván, representado por el abogado Carlos Abadíe Pankow, presentó detallado todo el proceso de rehabilitación que tuvo que enfrentar el joven, y que todavía tiene pendiente otras operaciones para lograr su independencia y movilidad.
El abogado exigió la suma de G. 16.239.145.514, de los cuales G. 5 mil millones correspondían a daño moral, G. 1 mil millones en concepto de daño emergente y los demás a los gastos de tratamiento.
- Gastos farmacéuticos: G. 45.000.000.
- Especialidades médicas: G. 3.000.000.
- Estudios de Imágenes y Laboratoriales: G.19.400.000.
- Nutrición trofoterapeutica: G. 12.000.000.
- Transporte: G. 3.000.000.
- Fisioterapia y kinesiología: G. 10.000.0000.
- Otros insumos de confort y tratamiento: G. 5.000.000.
- Cuidados de enfermería: G. 10.000.000.
- Productos ortopédicos: G. 4.000.000.
- Tratamientos en gimnasio: G. 5.000.000.
- Honorarios profesionales: G. 110.400.000.