La mansión de Santiago Peña en San Bernardino cambió de manos. Desde ayer, la propiedad quedó bajo la administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), tras un procedimiento de incautación realizado por la Fiscalía.
Y ojo, que la casa no estaría destinada a quedar juntando polvo. La ministra Teresa Rojas explicó que, una vez identificados correctamente todos los detalles del inmueble, la institución se hará cargo de su cuidado. Por ahora, guardias privados custodiarán el lugar y funcionarios de Senabico realizarán visitas periódicas.
Pero hay una novedad que llamó la atención: ¡la mansión podría ponerse en alquiler!
Y como era de esperarse, la noticia ya despertó la imaginación de la gente. La periodista Yolanda Park, en su programa, hasta tiró algunas ideas para organizar visitas y permitir que los curiosos puedan conocer el lugar y sacarse una selfie sin que se arme un guyryry. Una posibilidad sería habilitar turnos por número de cédula. ¿Qué opinás?
En las redes también ya se habla de otras posibilidades: ¿por qué no convertir semejante mansión en un balneario municipal? Con piscina, quincho y espacio para toda la familia, ¡sería purete!
¿Vos qué decís? ¿Alquiler para familias o balneario municipal? Que al menos ahora la casa tenga alguna utilidad.
Que genere plata
Desde la institución adelantaron que la vivienda está muy bien equipada y amoblada. Una de sus autoridades la describió como “muy linda e ideal para familias”. La idea es sacarle provecho económico, si las condiciones lo permiten, en lugar de dejarla cerrada.
Mientras tanto, la Justicia también metió mano en el asunto. A pedido de los fiscales Christian M. Benítez Cáceres, Silvia Margarita González Vester, Elena Fiore Franco y Ruth Benítez, el Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos ordenó el embargo preventivo y la prohibición de innovar sobre los inmuebles.
¿La razón? Evitar que los investigados puedan vender, transferir, ocultar o disponer libremente de bienes que podrían estar relacionados con la causa. Según el escrito, la propiedad figura a nombre de otra persona.
La mansión, que opositores calificaron como un monumento de la corrupción, tiene un valor estimado de G. 3.608.550.782.