A partir de hoy, el proyecto de ley que busca prohibir el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos en escuelas y colegios de todo el país tiene sanción automática y pasa al Poder Ejecutivo.
Si el presidente Santiago Peña promulga la iniciativa sin modificar nada, no solo los alumnos tendrán que guardar el teléfono. Profesores, coordinadores, directores y otros personales de las instituciones educativas también deberán respetar la prohibición. La medida alcanza a escuelas y colegios públicos, privados y subvencionados, desde el nivel inicial hasta la educación media.
El proyecto establece que el celular tampoco podrá usarse durante los recreos o descansos entre clases, salvo las excepciones que fija la propia ley. El punto que incluye a los docentes generó discusión en Diputados, pero la Cámara Baja no trató el proyecto y la versión del Senado quedó con sanción automática.
En la iniciativa también hay excepciones para situaciones de peligro, necesidad o fuerza mayor, además de casos vinculados a necesidades educativas especiales, discapacidades documentadas o condiciones de salud acreditadas. También permite el uso con fines pedagógicos o didácticos, pero bajo orientación y supervisión.
La aplicación quedará en manos MEC, que tendrá que realizar controles e inspecciones. Las instituciones deberán tomar las medidas necesarias para hacer cumplir la norma y, ante incumplimientos, podrán ser sancionados hasta multas de 50 jornales, que serían de G. 5.853.850.
Para los docentes de instituciones públicas y subvencionadas, que incumplan podrían recibir sanciones como la suspensión sin goce de sueldo, el traslado, la separación del cargo y hasta la destitución.
La decisión está en manos del Presidente de la República si promulga la Ley así como está o veta parcialmente, si este último ocurre, el proyecto vuelve al Congreso, donde tanto Diputados como Senadores pueden aceptar el veto parcial y promulgar la parte no cuestionada.