Hay 5 estudiantes de Derecho-UNA entre los detenidos e imputados por narcotráfico en el marco del operativo Mercat, que el fin de semana pasado permitió desbaratar una red de distribuidores y vendedores de drogas, liderada por Walter José Galindo Domínguez (32), en Asunción y Central.
Se trata de Fernando Rafael Silva Riveros (25), alias Colo, del 5° año; Marcos David Ortellado (23), del 4° año y seccionalero; Héctor David Rivas Cáceres (22), del 2° año, vendedor de prendas y conductor de Bolt; Mauro Javier Rodríguez Figueredo (22), del tercer año; y Lucas Ezequiel Rodríguez Figueredo (20), también del tercer año.
Al respecto, el centro de estudiantes de esa casa de estudios emitió un comunicado en el que condena “todo tipo de acto ilícito, dentro y fuera de la facultad”, además de solicitar “la inmediata suspensión de la matrícula de los estudiantes involucrados en el esquema de distribución de drogas, hasta tanto se confirme su responsabilidad penal”.
Por su parte, responsables de la facultad señalaron a medios de prensa que no hay sanción prevista para los detenidos, por actuar fuera del ámbito de la universidad.
Los otros procesados son Marcos Eduardo Ocampos Benítez (21), músico de batucada; Fernando Adrián Ocampos Benítez (24), de profesión delivery; Luz Antonella Guerrero Quintana (23), comerciante y alumna del 4° año de la carrera de Administración de Empresas; Pedro Santiago Godoy Vera (23), estudiante del 2° año de la carrera de Ciencias del Deporte; y César Andrés Godoy Rivas (29), alias Gatito, de 29 años.
También están Alberto Fernando Emanuel Paniagua Musstto (20), alias Pobre; Gerardo Vidal Vallejos Soler (31); y Fares Dan Ortiz Deleón (36).
Uno de los detenidos, Fernando Rafael Silva, alias Colo, quien cursa el 5° año de Derecho, registra un antecedente de bullying en el Colegio Nacional de la Capital (CNC), del 2017. Él y otros 5 alumnos raparon la cabeza de un compañero, por lo cual fueron procesados, pero el juez benefició a 4 de ellos con la suspensión condicional del procedimiento, según los datos. El magistrado ordenó que paguen un psicólogo por un año para la víctima.