Estados Unidos había señalado como “Significativamente corrupto” a varias autoridades de nuestro país. Esa declaración cayó sobre el expresidente Horacio Cartes y el exvicepresidente Hugo Velázquez. Y aunque el tiempo pasó y algunas sanciones económicas se aflojaron, el rótulo sigue ahí, pegado.
Ahora, desde el Congreso, surge un intento de cambiar esa historia. El senador Ramón Retamozo (ANR) impulsa un proyecto que, en esencia, le pide directamente a Donald Trump que revise o levante esas designaciones.
El documento reza: “Se exhorta al Gobierno de los Estados Unidos al levantamiento de las sanciones y designaciones que afectan al ex vicepresidente de la República Hugo Alberto Velázquez Moreno y a otros ciudadanos paraguayos en iguales circunstancias o en su defecto a la presentación formal clara y fundada en los hechos que la motivan”.
La lista inició en 2019, con el entonces senador Óscar González Daher y Javier Díaz Verón, ex fiscal general del Estado; luego el diputado Ulises Quintana y el abogado Juan Carlos Duarte.
Le siguió Édgar Melgarejo Ginard, ex presidente de la Dinac; Jorge Luis Bogarín Alfonso, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y a Vicente Andrés Ferreira Rodríguez, funcionario del Poder Judicial.
El proyecto planteado por Retamozo, será tratado en el punto número dos del orden del día, según quedó establecido tras la reunión de la mesa directiva.
Cartes fue designado el 22 de julio de 2022. EE. UU. lo acusó de participar en actos de corrupción significativos, obstruir una investigación internacional sobre crimen transnacional y tener vínculos con organizaciones terroristas.
Velázquez “ganó” ese título el 12 de agosto de 2022. La acusación indica que participó en actos de corrupción, incluyendo el soborno a funcionarios públicos y la interferencia en procesos legales para protegerse a sí mismo y a sus socios de investigaciones.
¿Qué significa cargar con ese título?
No es solo una acusación más. Cuando Estados Unidos declara a alguien “significativamente corrupto”, lo convierte en persona no grata en su territorio. La visa desaparece, las puertas se cierran también para su familia más cercana y no hace falta una condena judicial en Paraguay. La decisión nace de informes propios del Departamento de Estado de ese país.