La familia de un joven recluido en la Penitenciaría Regional de Concepción denunció que su estado de salud se encuentra cada vez más deteriorado y pidió una intervención urgente para que reciba atención médica y psicológica.
Se trata de Carlos Antonio Martínez, de 27 años, quien está privado de libertad desde septiembre del año pasado. Según relató su hermana, Cristina Martínez, pocos meses después de ingresar al penal comenzó a presentar cambios en su conducta y problemas de salud mental que, con el tiempo, fueron empeorando.
La mujer aseguró que sus padres realizaron varios reclamos para que el joven sea atendido, pero que les respondieron que la asistencia debía gestionarse de forma particular y con autorización judicial. Ante esta situación, la familia tuvo que pedir dinero prestado para intentar cubrir los gastos solicitados.
Cristina afirmó que llegaron a entregar montos que iban desde G. 300.000 hasta G. 1.000.000 a una abogada para supuestos trámites y atención. El último pedido, según indicó, era de G. 580.000, dinero que ya no pudieron conseguir por la difícil situación económica que atraviesan.
“Mis padres son personas humildes y se endeudaron con la esperanza de que mi hermano fuera atendido. Sin embargo, sigue sin recibir asistencia. Ya no quiere comer, no se higieniza y su condición es cada vez más preocupante”, señaló la hermana del interno.
La familia cuestionó la falta de respuesta de las autoridades penitenciarias y recordó que la atención médica de las personas privadas de libertad es responsabilidad del Estado. Martínez explicó además que su hermano cumple una condena de tres años por un hecho de robo, situación que, según dijo, estuvo relacionada con problemas de adicción.
También expresaron su preocupación por la falta de una intervención más rápida por parte de la administración de la Penitenciaría Regional de Concepción, a cargo de Juan Andrés Cabral, señalando que no se habría solicitado el acompañamiento de un defensor público para agilizar los trámites necesarios.
Los familiares piden que el caso sea atendido con urgencia y que el joven pueda acceder a una evaluación médica especializada, debido al deterioro que presenta. Hasta el momento, aguardan una respuesta oficial de las autoridades penitenciarias sobre la denuncia.