Un grave cuestionamiento al proceso interno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) quedó instalado tras la denuncia presentada por la senadora nacional Lilian Graciela Samaniego González ante el Ministerio Público. El hermano de la Senadora, Arnaldo Samaniego, es uno de los precandidatos.
La legisladora colorada, referente de un sector distinto al oficialismo partidario, denunció un supuesto hecho punible de coerción (presión, amenaza o intimidación), señalando que recibió información según la cual agentes de la Policía habrían sido convocados por autoridades superiores para ser advertidos de que debían votar por el precandidato a la intendencia de Asunción respaldado por el HC, Camilo Pérez.
Según consta en el acta de denuncia, Samaniego sostiene que los uniformados activos no deberían participar en elecciones partidarias, citando disposiciones constitucionales y legales que regulan los derechos políticos de policías y militares en servicio activo.
La parlamentaria afirmó además que los agentes aparecerían en el padrón partidario y que existirían indicios de que estarían votando bajo presión de sus superiores. Indicó que cuenta con elementos de comprobación en Asunción, aunque manifestó que la situación podría extenderse a nivel nacional.
Como respaldo de su presentación, adjuntó una copia de la Ley Nº 679/1995, que regula el ejercicio y cumplimiento de los deberes y obligaciones de militares y policías en servicio activo afiliados a partidos, movimientos políticos o alianzas electorales.
La respuesta de Latorre
Consultado sobre la denuncia, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, evitó pronunciarse sobre el punto central de la acusación. El legislador no negó ni confirmó que efectivos policiales hayan sido obligados a participar de la votación interna.
En cambio, se limitó a recordar las disposiciones legales que prohíben a policías y militares en servicio activo participar en elecciones internas partidarias, citando la normativa vigente sobre la materia.
La postura dejó sin respuesta la interrogante principal planteada por la denuncia: si existieron o no presiones de autoridades para que agentes policiales acudieran a votar en favor de un determinado candidato.
Por su parte, el precandidato en cuestión Camilo Pérez, llamó a respetar la “voluntad popular”. Aseguró que la jornada se presentará “tranquila”.
Investigación pendiente
La denuncia fue presentada contra personas innominadas, por lo que corresponderá ahora al Ministerio Público determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal, identificar a los presuntos responsables y verificar la veracidad de los hechos denunciados.
Hasta el momento, no se han presentado públicamente pruebas concluyentes que acrediten la existencia de órdenes o presiones a policías para participar en las internas partidarias, por lo que las afirmaciones forman parte de una denuncia que deberá ser investigada por las autoridades competentes.
Desde la página de Facebook Coordinadora de Familiares de las Fuerzas Públicas Py señalaron que varios policías estuvieron consultando si pueden votar en las elecciones internas. Recordaron que la ley les prohíbe participar en esos comicios.
La aclaración fue realizada para evitar confusiones y posibles sumarios posteriores.