El Ministerio Público intervino este domingo la Escuela República de Brasil, uno de los locales habilitados para las elecciones partidarias, tras detectar la presencia de dos personas que se presentaron como veedores con acreditaciones presuntamente adulteradas.
La fiscal Sandra Ledesma explicó que la actuación fiscal se originó a partir de una denuncia recibida el día anterior, cuando comenzaron a circular fotografías de acreditaciones vinculadas a movimientos políticos que ya no participan del proceso electoral y que incluso no cuentan con candidatos habilitados.
“Desde el día de ayer nos encontrábamos expectantes porque manejábamos informaciones de que esta situación podría ocurrir. Hoy efectivamente se presentó el caso y activamos una hoja de ruta a partir de la denuncia recibida”, señaló la agente fiscal.
Durante la intervención, el Ministerio Público constató que dos personas acudieron al local de votación portando acreditaciones cuya autenticidad está siendo investigada. Según Ledesma, las credenciales fueron entregadas voluntariamente por los involucrados, quienes colaboraron con el procedimiento.
La fiscal aclaró que todavía no puede afirmarse que los documentos sean falsos, ya que será necesaria una pericia especializada para determinarlo. “Tenemos en cuenta que la persona que supuestamente firmó estas acreditaciones niega totalmente que esas sean sus firmas”, indicó.
Como parte del procedimiento, se labró un acta, se incautaron las acreditaciones y se inició la investigación correspondiente. Los portadores de los documentos serán convocados a declarar ante el Ministerio Público y podrán ejercer su derecho a la defensa con asistencia de abogados.
Denuncias de intento de impedir las elecciones
Por otra parte, Ledesma también se refirió a denuncias registradas en la ciudad de Capiatá, donde grupos políticos habrían intentado obstaculizar el desarrollo normal de los comicios.
Según la representante fiscal, el día anterior se reportó el atropello de un local de votación con el objetivo de impedir la instalación de las mesas electorales. Aunque la situación fue controlada, nuevas denuncias surgieron este domingo.
“Tenemos información de que un grupo político estaría tratando de impedir que se realicen las elecciones. Eso constituye un delito electoral, específicamente impedimento de elecciones”, afirmó.
La fiscal explicó que la legislación garantiza el derecho de los ciudadanos a emitir su voto y que ninguna persona o sector puede obstaculizar el funcionamiento de las mesas receptoras.
Asimismo, desmintió versiones que circulan sobre una supuesta manipulación de las urnas. “Están diciendo que las urnas están cargadas, pero eso es absolutamente falso”, sostuvo.
Ante esta situación, el Ministerio Público coordina la presencia de un agente fiscal en el lugar para acompañar el trabajo de la Policía y garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.
Las investigaciones continúan tanto sobre las acreditaciones presuntamente adulteradas como sobre las denuncias de intento de impedir la realización de las elecciones.