La Fiscalía imputó a una docente por la supuesta omisión de la activación del protocolo de protección en los casos de bullying que exige el Ministerio de Educación y terminó en tragedia.
La investigación, que inició después de la muerte de un niño de 13 años ocurrida en Presidente Franco, en 2024.
La fiscal Vivian Coronel imputó por violación del deber de cuidado y la educación a la docente, quien ejercía como asesora de grado o profe “guía”. Indicó que la investigación se sustenta en los resultados de la autopsia psicológica, que concluye que no se habrían adoptado las medidas institucionales correspondientes para resguardar al alumno.
La expectativa de pena en el caso de la docente es mínima y deberá afrontar el proceso en libertad.
Coronel, también deslindó responsabilidad de los directivos del colegio privado, porque según su versión, la responsabilidad es individual.
“No siguió el protocolo. Lo único que ella hizo fue llamar a los padres a una reunión después de una pelea que hubo. No comunicó a la Supervisión, como estipula el proceso”, dijo en conferencia de prensa realizada, en el salón auditorio de la Fiscalía Regional de Ciudad del Este, encabezada por la fiscala y con la participación de los padres del niño, quienes expusieron la postura de la familia y reclamaron esclarecimiento del caso.
El terrible acoso había comenzado en 2023, cuando hubo una pelea con un compañeros identificado. En julio de 2024, el chico se quitó la vida, según indicó el padre.
La causa apunta a establecer responsabilidades legales en torno al acompañamiento y la contención que debía recibir el menor dentro del ámbito educativo.