La crisis de pagos del Estado golpea de lleno al sector de la construcción en Paraguay, donde la falta de desembolsos ya provocó la paralización de 17 obras públicas y la pérdida de más de 50.000 empleos, según la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco). Empresas del rubro enfrentan una situación límite ante la acumulación de deudas y la incertidumbre sobre los cobros.
El origen del problema está en los atrasos del Estado, que adeuda unos US$ 200 millones en certificados de obra y cerca de US$ 110 millones en intereses. En total, los compromisos con constructoras rondan los US$ 360 millones, afectando la continuidad de proyectos clave en distintas regiones del país.
Las consecuencias son visibles en obras de alto impacto social. Trabajos en hospitales, 43 colegios y rutas estratégicas quedaron suspendidos, frenando mejoras en infraestructura básica y afectando directamente a miles de ciudadanos.
El impacto también se siente en el empleo. El sector, que llegó a ocupar a más de 300.000 trabajadores en su pico de actividad, hoy sostiene alrededor de 245.000, reflejando una fuerte caída que repercute en toda la cadena productiva.
Además, el escenario financiero se volvió más restrictivo. La falta de certeza en los pagos elevó el riesgo para las empresas, limitando el acceso a crédito y encareciendo el financiamiento. Como resultado, varias constructoras comenzaron a frenar nuevos proyectos, reducir inversiones y ajustar su estructura operativa.
Ante este panorama, gremios del sector trabajan con el Gobierno en mecanismos como el factoring para destrabar pagos y generar liquidez. Sin embargo, advierten que sin soluciones rápidas y concretas, la crisis podría profundizarse, con más empresas en riesgo y un mayor número de obras paralizadas.
El comunicado:
La falta de pagos no solo golpea a la construcción: empieza a comprometer el funcionamiento de áreas críticas como la salud, donde incluso el suministro de medicamentos se ve amenazado.
Cuando se rompe la cadena de pagos, el impacto se expande. Atraviesa sectores, frena servicios y pone en jaque el funcionamiento básico del país. Cumplir con los compromisos no es solo una cuestión financiera. Es una condición necesaria para sostener el empleo, garantizar servicios esenciales y evitar que la crisis siga escalando.
Las obras que están paradas
En educación, la construcción y reparación de infraestructura en 43 colegios técnicos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) quedó suspendida, afectando a las empresas Ascent S.A., Consorcio MEC, Diego Rafael Beconi Ochipinti y Las Cumbres S.A.
En infraestructura vial, la lista de proyectos detenidos bajo la órbita del MOPC es extensa. Entre ellos figuran el tramo San Juan–Ybyraty, ejecutado por Construpor, TecSul y Caldetec; el corredor San Lorenzo–Plan Central 2, a cargo del Consorcio Ybera; los tres lotes de San Juan Misiones, con MM, Construpor y TecSul como contratistas; los lotes de Graneros del Sur, a cargo de Concret Mix y EDB; y el tramo Villeta km 40–Alberdi, ejecutado por ICSA, DC, TR y Vialtec. También se encuentran paralizados los lotes del Plan Central 3, que abarcan localidades como Itá, Lambaré, Itauguá, Ypacaraí, Luque y Nueva Asunción, con empresas como Covipa, Chávez Construcciones, Miguel Ángel Chávez Hausman, Constructora Feldmann S.A., Consorcio Centro Sur, Iniciativas Constructivas S.A. y LT S.A.
“Están relantizadas”
La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión negó que 17 obras públicas estén paradas, como indicaron desde el sector de la construcción. Prefirió utilizar la palabra “ralentización” de los trabajos por falta de desembolsos y dijo que solamente una obra presentó solicitud formal.
Sostuvo que es mentira también que no haya presupuesto para la cantidad de obras proyectadas. “La plata está, las obras pueden estar en marcha”, dijo en 730 AM.