Claudia Andrea Aguilera, viuda de Pecci, junto con su hijo, los padres, hermanos y sobrinos del fiscal Marcelo Pecci solicitaron una reparación económica por perjuicios morales, materiales, inmateriales y lucro cesante tras el homicidio realizado por sicarios colombianos en plena luna de miel del fiscal paraguayo. El hecho ocurrió el 10 de mayo de 2022 en las playas de Barú, Cartagena.
El Juzgado de Bogotá admitió la demanda contra el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la cadena de hoteles Decameron. El recuso judicial busca una indemnización que supera los 2.000 millones de pesos colombianos (509.123 dólares) (G. 3.589.317.150).
La familia sostiene que hubo falla en el servicio de la Policía Nacional, al no adoptar medidas preventivas pese a los riesgos que enfrentaba el fiscal, conocido por su trabajo contra el crimen organizado en Paraguay.
El texto cuestiona que la Policía “solo desplegó sus fuerzas después de la comisión del delito”, pese a que el homicidio “comenzó a planearse desde el 2 de mayo”, ocho días del ataque. También cuestionaron que varios de los involucrados en el asesinato tenían sentencias vigentes, que no la estaban cumpliendo, según la familia, eso evidencia una omisión en el deber del Estado de proteger a la población.
Además, responsabilizan al Hoteles Decameron, donde la pareja se hospedaba, por la supuesta filtración de la ubicación de Pecci, lo que habría facilitado la ejecución.
Los últimos minutos del fiscal Marcelo Pecci en Colombia.