Una disputa familiar terminó en tribunales y con una condena de un funcionario del Ministerio Público.
Todo ocurrió en la tarde del 10 de marzo de 2022. Cerca de las 18:25, Richard Gilberto Asimo Armoa llegó en su auto hasta la casa de sus familiares, en San Estanislao, San Pedro. Lo que parecía una visita más pronto se convirtió en un episodio de tensión y enojo.
Según los antecedentes del caso, al ingresar al patio de la casa aceleró su vehículo y atropelló a “Tito”, un gatito de apenas cuatro meses que era mascota de sus sobrinas. La escena causó indignación inmediata. Las jóvenes, dueñas del animal, lo encararon y le reclamaron lo ocurrido.
La discusión subió rápidamente de tono.
De acuerdo con el relato de Jeymi Ortiz Asimo, de 19 años, el hombre habría actuado con plena intención. La joven sostuvo que el conflicto venía de arrastre por un viejo pleito familiar relacionado justamente a la vivienda y que, molesto por la situación, el hombre realizó maniobras con el vehículo pasando una y otra vez sobre la cabeza del animal.
“Fue a propósito”, aseguró la denunciante, quien incluso relató que, al ser consultado por lo ocurrido, el propio hombre habría respondido que había matado al gato.
Pero la violencia no terminó allí.
Tras los reclamos, Asimo descendió del vehículo y, según la acusación, reaccionó con agresividad. Empujó a una prima, quien cayó al suelo por el golpe. Luego arremetió contra sus sobrinas y también empujó a su tía, una mujer mayor de 70 años, en medio del altercado.
El caso llegó a juicio y fue investigado por el agente fiscal Rusbell Benítez, de la Unidad Fiscal Nº 3 de San Estanislao. Durante el proceso se presentaron pruebas testimoniales, documentales y periciales que permitieron reconstruir lo ocurrido aquella tarde.
Finalmente, el Tribunal de Sentencia de San Estanislao, integrado por las magistradas Mercedes Urunaga y Romina Onieva, junto con el juez Walter Ramírez, halló culpable a Richard Gilberto Asimo Armoa por el hecho punible de violencia familiar.
La sentencia fue de un año de pena privativa de libertad, aunque con suspensión a prueba por el plazo de dos años.