La fiscalía imputó a una mujer de 57 años que supuestamente le estafó al Estado por valor de más de G. 170 millones sumados a lo largo de 15 años. Tiene que ver con el cobro presuntamente irregular de una pensión como heredera de un militar fallecido.
El fiscal Francisco Torres de Asunción acusó que la mujer el 18 de junio de 2007 solicitó al Ministerio de Defensa Nacional el beneficio como heredera de un teniente coronel fallecido, en su carácter de hija con discapacidad.
Presentó una constancia de la Dirección General del Registro del Estado Civil, de fecha 5 de febrero de 2007, en la que se certificaba que no había contraído matrimonio en Asunción.
Pero en realidad sí estaba casada desde hacía 11 años. La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones pilló después de solicitar un informe a la Dirección General del Registro del Estado Civil, que remitió copias de actas de matrimonio correspondientes a varias beneficiarias. Entre ellas figuraba la imputada, quien, según los registros, había contraído matrimonio el 19 de octubre de 1996.
La normativa vigente establece que, para acceder a la pensión, los hijos de los pensionados fallecidos deben ser solteros y menores de edad, con excepción de aquellos que presenten alguna discapacidad.
El supuesto perjuicio patrimonial ocasionado a la Dirección de Jubilaciones y Pensiones ascendería a G. 176.222.894, correspondiente al período comprendido entre enero de 2008 y marzo de 2023, indicó el Ministerio Público en su sitio web.
Ella aparentemente sí cuenta con una discapacidad ya que para tener el subsidio presentó una constancia de incapacidad expedida por el IMPRO, de fecha 16 de febrero de 2007, así como su certificado de nacimiento, antecedentes penales, constancia de vida y residencia, de fecha 7 de junio de 2007, y el certificado de defunción de su padre.
Sin embargo, en lo que no fue sincera supuestamente sería en su estado civil que era casada.