El Banco Nacional de Fomento (BNF) comenzó su intervención en la sucursal de Repatración, departamento de Caaguazú, para investigar el cobro irregular de dos cheques emitidos por la ANDE. El dinero debía ser destinado a los familiares de las víctimas fallecidas electrocutadas en la compañía Jagua Kai del mismo departamento.
Un equipo de auditores llegó a primeras horas de este martes, con apoyo del departamento de Anticorrupción de la banca pública.
“Es una situación muy desagradable para el banco lo ocurrido ayer y estamos en pleno proceso investigativo”, dijo en radio Monumental 1080 AM el gerente general del banco, César Vargas, sobre el caso que involucra a la funcionaria de la Cámara de Diputados, Anadelia Acosta Armoa.
Vargas, adelantó también que se podría reembolsar el monto a ambas familias, en caso de que se confirme negligencia.
El alto funcionario indicó que el BNF tiene una póliza bancaria, en caso que ocurra alguna mala gestión, lo que permite el reembolso.
Las identidades de la cajera y el gerente encargado de esa sucursal no fueron reveladas por ser “secreto bancario”, pero están apartados mientras dure la investigación.
La fiscal del caso, Norma Salinas, había indicado que hasta el momento no recibió los documentos requeridos ni el circuito cerrado que solicitó hace varios días. El vocero del BNF aseguró que fueron entregadas algunas pruebas, pero que en el transcurso de la jornada reenviará otro informe “más detallado”.
“Estamos a disposición de la Fiscalía para eventualmente analizar el video y lo que requiera la fiscala va a tener de parte del banco”, expresó el gerente.
Vargas indicó que observó los dos cheques; uno tenía la firma y cédula de una persona y la otra, una impresión de huella dactilar. Se efectivizaron en días diferentes. Uno el día 11 y el otro el día 18 del mes de septiembre.
Sobre el cobro de G. 400 millones por cada cheque, aclaró que la sucursal tiene la capacidad de desembolsar esa gran suma de dinero. “Si la cuenta tiene saldo, se paga”, insistió.
Funcionaria en la mira
La principal sospechosa de apropiación, estafa y lesión de confianza es Anadelia Acosta Armoa, una funcionaria de la Cámara de Diputados y comisionada a la Municipalidad de R.I. 3 Corrales, también de Caaguazú. Acosta tenía un poder para retirar los cheques, aparentemente este documento no la facultaba a efectivizarlos, porque no estaba inscripto en el Registro Público, un paso obligatorio.
La funcionaria se aprovechó que los beneficiarios eran analfabetos y les convenció de firmar poderes especiales a cambio de G. 30 millones y G. 45 millones cada uno.
“Es un poder que se presentó, donde la familia otorga poderes a ciertas personas, pero está en proceso de análisis”, agregó al respecto el gerente del BNF.
El Ministerio Público investiga a Acosta y al abogado Darío Aquiles Flores Mendoza. Ambos cobraron dos cheques por un total de G. 800.000.000 correspondiente a los familiares de Marino Ramírez Casco y Antonio Acosta Contreras, las víctimas fatales.
Como primer “castigo” que recibió la funcionaria, se encuentra la anulación de comisión a la Muni y está siendo investigada internamente en Diputados.