Desde hace días, el rumor de que el acuífero Guaraní podría ser privatizado por Nestlé y Coca Cola se difunde en varios sitios de internet, a partir de una supuesta reunión en enero pasado del presidente Michel Temer con el capo máximo de la primera multinacional mencionada. Incluso se especula el plazo de concesión por 100 años para la explotación privada de la gigantesca reserva de agua.
La respuesta de la Secretaria Especial de Comunicación (Secom) del gobierno brasileño es que ciertamente el presidente Temer no se reunió con el presidente de Nestlé, Paul Bulcke, durante la cumbre de Davos, Suiza, en enero pasado, aunque admite que “hubo un almuerzo promovido por el Foro Económico Mundial en el que ambos estaban presentes”, según escribe hoy el diario O Globo, del Brasil, citando fuentes de la BBC.
Pero, según el citado organismo gubernamental, “no hay en el gobierno cualquier discusión sobre ese asunto”. Por otra parte, la asesoría de prensa de la casa civil de al presidencia brasileña ratifica en el mismo sentido que no hay ningún análisis sobre el tema mencionado. Por su lado, el profesor Rodrigo Manzione, consultado en la misma nota, señala que sería imposible privatizar el acuífero y que en todo caso debería cambiarse la Constitución porque las aguas son de dominio público.
El acuífero se extiende debajo de 8 estados brasileños, totalizando 840.000 kilómetros cuadrados; además incluye el subsuelo de Paraguay (58.500 kilómetros cuadrados), Uruguay (58.500 kilómetros cuadrados), Argentina (255.000 kilómetros cuadrados). El espesor promedio ronda los 250 metros, pudiendo variar de 50 a 600 metros, aunque tiene picos de un kilómetro en algunos trechos.
La publicación añade que nuestro país utiliza muy poco del acuífero (2%), considerando la extracción anual de 1,04 kilómetros cúbicos en total, por los cuatro países que comparten el recurso. El Brasil utiliza el 94% de ese agua, la mitad del cual va para Sao Paulo. Del restante, Uruguay usa el 3% y Argentina solo 1%.
En nuestro país, en agosto del 2012, los diputados habían rechazado rechazaron casi por unanimidad un proyecto de acuerdo sobre el acuífero, con el argumento de que el documento ponía en juego la soberanía nacional. Incluso el entonces diputado César López (PLRA) planteaba que nuestro país debía recibir compensación de sus vecinos que usan más el recurso natural compartido.