Persiguiendo el famoso sueño americano, Francisco dejó Tobatí y se aventuró a Estados Unidos.
Apenas llegó, ya comenzó a trabajar como ayudante de albañil. Gana buena platita, lo suficiente como para ir construyendo una casita en su valle y, con ella, sus sueños.
Pero hoy ese sueño se está convirtiendo en pesadilla. “Realmente ahora ya cuando salgo para trabajar me voy con el Jesús en la boca, miro en cada cuadra, cada paso, porque siento que si me detienen me van a expulsar y probablemente en 10 años no podré volver a entrar”, dijo a EXTRA.
Así como Francisco, son numerosos los compatriotas que se encuentran con mucho temor tras la nueva ley de inmigración que se promulgó en Florida. No hay cifra de cuántos compatriotas serán afectados.
“Llevo casi dos años acá y no tengo todavía mis papeles, ahora los controles serán mucho más estrictos y va a ser difícil seguir acá”, mencionó.
Por la nueva ley que regirá desde el próximo 1 de julio, cualquier persona que esté en situación irregular será detenida, llevada a la cárcel y posteriormente expulsada del país.
Perjuicio
Gilda (nombre ficticio), en contacto con nuestro diario, comentó que la nueva ley atenta directamente contra la mano de obra trabajadora en ese estado.
“La verdad que el estado de Florida es el que perderá. Los indocumentados tendrán que estar siempre mirando a sus alrededores y esta vez con miedo. Ninguna inflagrancia podrán tener, pues ahí si te agarran, directo a la cárcel. Muchas empresas han cancelado contratos y se mudaron a otros estados”, señaló la compatriota que lleva muchos años allá y guía a los paraguayos recién llegados. En varias ciudades del estado de Florida se realizaron manifestaciones en contra de la normativa y exigiendo que no entre en vigencia.
Multa y cárcel a empleadores
La Ley SB1718 establece, entre otros puntos, que las empresas que tengan más de 25 empleados deben usar un sistema donde deben estar datos de los trabajadores para saber si están o no de forma legal. Por cada empleado ilegal hay multa e incluso pueden cerrar las empresas. El castigo para quienes trasladen a indocumentados es de 5 años de cárcel y hasta 5.000 dólares (G. 36.400.000) de multa por persona trasladada. En los hospitales obligarán a colocar en la ficha de admisión la situación migratoria de los pacientes.