El cantante Julio Iglesias (82) presentó una demanda ante el Tribunal Supremo de España contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por presunta “intromisión ilegítima en el derecho al honor y la intimidad personal”.
El artista reclama una indemnización de 50.000 euros, unos G. 347 millones, por el supuesto daño moral que le habrían causado las declaraciones de la funcionaria.
La acción judicial se originó por publicaciones realizadas por Díaz en enero pasado, tanto en su cuenta de Bluesky como durante una entrevista en la televisión pública española, donde se refirió a las denuncias de dos exempleadas de las propiedades de Iglesias en el Caribe. En uno de sus mensajes escribió: “Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente”.
Lesiones
La defensa del cantante sostiene que esas expresiones lesionaron gravemente su honor y exige que la vicepresidenta se retracte públicamente, además del pago de la indemnización y las costas del proceso.
En paralelo, el intérprete de “Fuiste mía” también presentó otra querella en los juzgados de Madrid contra varios periodistas de eldiario.es, incluido su director Ignacio Escolar, a quienes acusa de injurias, calumnias y de atentar contra su integridad moral por las publicaciones que dieron a conocer las denuncias.
¿Por qué no investigaron los casos?
Las acusaciones contra Julio Iglesias fueron presentadas por dos extrabajadoras, quienes lo denunciaron por presuntos delitos de trata de personas con fines de trabajo forzado, servidumbre, agresión sexual, lesiones y vulneración de los derechos laborales. No obstante, la Fiscalía archivó la investigación en enero al concluir que la Justicia española carecía de competencia para investigar los hechos, ya que habrían ocurrido en distintos países del Caribe.