Carlos “Colorado” Gamarra quedó desvinculado de la Municipalidad de Minga Guazú, Alto Paraná, donde se desempeñaba como asesor deportivo y tenía un salario mensual de G. 9 millones.
El intendente César Paredes confirmó que Gamarra firmó la rescisión de su contrato el lunes pasado, luego de recibir la notificación correspondiente. De esta manera, el exdefensor de la Albirroja ya no tiene vínculo laboral con la institución.
La salida se produce después de que su contratación quedara bajo la lupa durante el proceso de transición municipal. Paredes había cuestionado que el exjugador cobrara puntualmente sus G. 9 millones, mientras otros funcionarios municipales acumulaban varios meses de salarios atrasados.
El jefe comunal señaló que los trabajadores de la municipalidad no cobraban desde junio y que la administración anterior dejó una deuda estimada en G. 25.000 millones.
Habló tras polémica
Cuando estalló la polémica, Gamarra salió a defenderse y negó ser un funcionario planillero. Explicó que su contrato comenzó en febrero de este año y que fue incorporado a pedido de los presidentes de la Liga local, con aprobación de la Junta Municipal.
El exdefensor aseguró que su trabajo consistía en dar charlas en colegios, acompañar actividades deportivas y colaborar con iniciativas de la comunidad. También afirmó que presentaba informes mensuales con fotografías y documentos para respaldar sus actividades.
Su contrato tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, pero finalmente fue rescindido antes de esa fecha.
La desvinculación se da en medio de un escándalo mayor en la municipalidad. Este viernes, el intendente César Paredes solicitó a la Contraloría General de la República una auditoría general de la administración anterior, encabezada por Diego Ríos.
Además, presentó una denuncia penal ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público por presuntos hechos de exacción, estafa, operaciones fraudulentas por computadora y lesión de confianza.
Entre los puntos señalados por la nueva administración figuran la supuesta anulación de 1.305 facturas por unos G. 8.000 millones, además de otras presuntas irregularidades administrativas.
Paredes también cuestionó la cantidad de funcionarios registrados en la nómina municipal y aseguró que encontró una institución con graves problemas económicos y de funcionamiento.