Una empleada de un local gastronómico fue el Miércoles Santo a cobrar su salario y de retorno a su casa la demoraron por violar la cuarentena.Le pidieron certificado de trabajo pero como ella estaba suspendida no lo tenía.
Les mostró el recibo de que fue solo a cobrar pero igual la detuvieron. Horas después, la dejaron ir a su casa, pero tenía que volver al día siguiente a la comisaría.
De allí la derivaron a la sede fiscal y le pidieron G. 500.000 para ser liberada, entonces le llamó a su jefe. El hecho ahora fue conocido.
“Hablé con el ministro de Anticorrupción, René Fernández. Fuimos con un agente en forma encubierta a averiguar qué es lo que estaba pasando”, afirmó Juan Grassi, empresario gastronómico.
Al llegar a la Fiscalía, Juan pagó el monto que supuestamente sería destinado a la compra de alimentos para los asentamientos donde había ollas populares, explicó.
Luego hizo la denuncia por cohecho agravado (coima). Dijo que el fiscal en cuestión es Enrique Gómez, de J. A. Saldívar.
Imputado
Ahora, contra todo pronóstico, el empresario tiene encima una imputación por violar la cuarentena en una manifestación contra la corrupción donde supuestamente se aglomeraron.
“Pasa que la Fiscalía es muy rápida para la apertura de un proceso contra ciudadanos que se animan a manifestarse, en cambio contra cosas más graves como fue este cohecho pasivo contra un fiscal, todavía no fue llamado a declarar”, remarcó Grassi