Desde la instalación del reloj biométrico se evidenciaron varias faltas cometidas por los funcionarios, como llegadas tardías y ausencias injustificadas. Los controles de asistencia en varias instituciones del Estado se han vuelto más rigurosos desde la instalación de los relojes biométricos. Tanto así que muchos decidieron simplemente no volver a sus puestos de trabajo. En la Cámara de Diputados, cincuenta y cinco funcionarios renunciaron, luego de la implementación del control de entrada y salida por marcación.
Alfredo Mongelós, director de Administración y Finanzas de la Cámara Baja, detalló que “veinticinco son jornaleros, diecisiete profesionales asesores y trece funcionarios permanentes los que se desvincularon”.
Agregó que, si bien, algunos renunciaron por ejercer cargos electivos o porque no se les renovó el contrato, otros sí dejaron de trabajar debido a las sanciones administrativas y otras personas porque no cumplieron con la evaluación de desempeño. “Sospechamos que cumplían de manera irregular con sus tareas en la institución”, dijo el director en comunicación con la 780 AM.
Descuentos
Mongelós señaló que solo este mes se descontó G. 90.000.000 a 145 funcionarios permanentes y G. 36.000.000 a 174 contratados. Todos ellos por llegadas tardías y ausencias injustificadas. De modo a seguir depurando la planilla, el director sostuvo que existe todo un procedimiento para determinar la existencia de “planilleros” y no descartó que hayan despidos masivos.