Cada vez más abogados públicos visitan la casa del padre o madre demandado por prestación alimentaria, para verificar su nivel de vida. Esto debido a que muchos esconden bienes para pagar menos.
Teresita Alvarenga, Defensora Pública ante la Niñez y la Adolescencia de Capiatá, explicó que el monto de manutención para el niño se define según lo que gana el padre, por eso muchos se hacen pasar por pobres, cuando en realidad viven demasiado bien.
Los abogados averiguan en la Dirección del Registro de Automotores, para saber si tienen vehículos, en su lugar de trabajo, para conocer el sueldo y puesto que ocupa y hasta en el Servicio Nacional de Catastro, para ver si es dueño de terrenos o casas. “A veces revisamos todo y no tienen nada a su nombre, pero vemos fotos de viajes y otros lujos. Entonces, una trabajadora social va hasta la casa y nos llevamos sorpresas”, señaló.
La abogada recordó que un papá se negó a pagar más de G. 500.000 a pesar de tener un jugoso sueldo. Hasta dijo que prefería renunciar a su trabajo antes que depositar más plata.
En ese sentido, la defensora señaló que no hay forma de que los padres se escapen de pagar la prestación. Aunque no tengan trabajo, deben de depositar la plata acordada. Ante deudas, es posible que se les embargue bienes y propiedades o hasta el 50% del sueldo. La responsabilidad también puede recaer en el abuelo o los tíos del niño.
Nuevo sistema
Desde el lunes, la Defensoría Pública puede representar al niño, en juicio de asistencia alimentaria, acortando los plazos, sin tanto papeleo.
La madre, padre o tutor que solicite la ayuda ya no deberá de llevar dos testigos, ni los abogados tendrán que presentar un juicio previo para acceder al “gasto cero” (Beneficio para litigiar sin gasto). Desde la primera cita, si cuentan con documentos, podrán llamar a una audiencia de mediación. Si los padres no llegan a un acuerdo, ya se tramitan las pruebas sobre los ingresos del demandado e inicia el juicio.
Pedidos aumentarán
Con el nuevo sistema llegaría una ola de pedidos en la Defensoría Pública. Antes pagaban un abogado para evitar ese largo trámite de gratuidad que ahora se anuló y será más ágil.