Julio César Franco Morel (29), oriundo de Santa Rosa, Misiones, era un joven albañil de 19 años cuando un grupo de policías lo apresó sin saber por qué. Se enteró de que fue acusado de matar a una persona en Repatriación (Caaguazú), cosa que negó, pero de igual forma fue condenado a 13 años, de los cuales ya pasó 10 tras las rejas de la Penitenciaría de Misiones.
Totalmente resignado por su suerte, contó este viernes a la directora de Derechos Humanos de la Fiscalía, Alejandra Peralta, lo que había pasado. “Nos llamó la atención que me dijo: ‘Ya cumplí 10 años de mi condena, aunque sea así puedo volver a ser libre’.
nmediatamente empezamos a investigar y se constató que el número de cédula no coincide. Ni los nombres de los padres. Ni el barrio”, lamentó Peralta.
Agregó que la Defensoría del Pueblo también ya se encuentra al tanto del caso. Además, pidió informe a la Fiscalía sobre los detalles del expediente. Y esperan que sea miércoles para presentar el hábeas corpus para dar con la libertad del joven.
Distribución de alimentos vencidos en la Penitenciaría de Pedro Juan, personas privadas de su libertad que padecen VIH y tuberculosis sin tratamientos son algunas de las otras quejas que recibieron.
En 2012 se presentó un hábeas corpus reparador a favor de Ricardo Rojas Sánchez, condenado a 10 años de cárcel por homonimia. Sin embargo, no siguió el proceso y en la actualidad sigue preso. El 22 de marzo de ese año, la Fiscalía solicitó al jefe de Antecedentes Penales del Poder Judicial de Caacupé los documentos de un Rojas, pero con otro número de cédula. La respuesta consigna 5 antecedentes, todos por hurto entre los años 1994-2002 y 2008. En 1994 el hoy condenado Ricardo Rojas Sánchez apenas tenía 8 años, nació en 1985.
Demanda al Estado
Atilio Arévalos, en 2010, reclamó al Estado una indemnización de G. 30.000 millones por la privación ilegítima de libertad desde el 2006 al 2009. Fue por un caso de robo agravado que no cometió.
También ese año, Lino Oviedo había solicitado G. 120.000 millones por la persecución y condena a diez años de cárcel que recibió de un Tribunal Militar Especial en 1998.