Un policía fue sentenciado a 2 años tras ser encontrado culpable por incumplimiento del deber legal alimentario.
El fiscal Edgar Torales Gamarra presentó pruebas que demostraron la responsabilidad del agente del orden, con iniciales J. A.
Según los antecedentes del caso, el 21 de agosto de 2013 el Juzgado de la Niñez ordenó el pago mensual de G. 800 mil a favor de su hija. Dicho monto debía ser depositado en una cuenta del Banco Nacional de Fomento (BNF), pero no cumplió.
La madre de la víctima recurrió al Ministerio Público y formuló la denuncia formal contra el uniformado. Su caso tuvo muchísimas vueltas. El señor fue imputado y tiempo después obtuvo la suspensión condicional del procedimiento. Al incumplir nuevamente la disposición judicial, el Juzgado tuvo que rever este beneficio y prosiguió el proceso penal llegando hasta la condena.
Si bien, J.A no cumplirá en la prisión porque le otorgaron algo que se llama suspensión a prueba de la ejecución de la condena. O sea, para no estar tras las rejas, le pusieron algunas reglas: seguir cumpliendo lo que se dispuso en la sentencia definitiva, es decir, los G. 800 mil, que a la fecha ya logró ponerse al día con el pago, pero debe continuar abonando regularmente hasta que su hija cumpla mayoría de edad y tramite el cese de esa obligación.
Actualmente el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) estaban 92 personas en la lista por incumplir con sus hijos. De esta cifra, 88 son hombres y 4 son mujeres.
El año pasado se registraron 2.194 juicios promovidos.
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