La senadora Yolanda Paredes (PCN) avisó que solicitará el lunes la pérdida de investidura de su colega, Javier “Chaqueñito” Vera, tras la feroz polémica porque le adjudicaron un departamento mediante un programa del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).
“Es insostenible su permanencia dentro del Senado”, afirmó Paredes a EXTRA y alegó que tiene “tarjetas amarillas” acumuladas y que ahora ya le toca la “roja de expulsión”.
El ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja, también está en la cuerda floja por la Resolución N° 1363 que habilitó al legislador a la vivienda y que lleva su firma.
“Cualquier medida que se tome en el caso Chaqueñito, no puede eximir al ministro”, indicó el diputado opositor Raúl Benítez.
Otro detalle que llamó la atención fue que el documento señala que Chaqueñito gestionó todo por teléfono, siendo que él aseguró que le llevó cinco meses luego el papeleo.
¿Oñembotavy?
“Desconozco el caso”, tiró el presidente Santiago Peña a periodistas cuando fue consultado por las irregularidades luego de una reunión con Baruja.
Santi he’i que no hablaron de ese tema, “pero voy a investigar”, adelantó. Muchos internautas le bajaron la caña por desconocer el caso tan mediático y criticado.
Según reglamento del MUVH, “Viviendas Económicas” es para familias con ingresos máximos de G. 20.300.000, pero Chaqueñito cobra unos 38 palos y aun así fue adjudicado con el depa del “Edificio Residentas 1” de Luque.
Baruja se defendió diciendo que se cumplieron todos los requisitos.
El diputado Raúl Benítez se pronunció también sobre el tema y dijo que ambos deben ser investigados: “El senador Javier Vera admitió que no vive en el departamento adjudicado. Según el contrato que firmó con el MUVH, eso es causal de rescisión. No cumplía requisitos para la adjudicación y tampoco para mantener el contrato”, posteó.
“Ahí está mi sobrino”
Chaqueñito confirmó que él no reside en el departamento que le fue adjudicado, algo que iría contra el reglamento del MUVH, según explicó el mismo Baruja.
Además, se justificó diciendo que no se mudó aún porque debe cumplir con un contrato de alquiler de otro depa en Sajonia, donde vive.
Por este motivo, comentó que le dejó la vivienda a un sobrino suyo que está estudiando.
“Me suelo ir ahí”, señaló, pero he’imi que no se queda en el lugar porque no tiene ningún “mueble”.
Baruja: “No es una vivienda social, es una venta”
El ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, salió a aclarar la polémica sobre la adjudicación de un departamento en el proyecto Las Residentas, ubicado en la ciudad de Luque. Según el titular de la cartera, el caso “no tiene nada de irregular” y se ajusta a las normas establecidas por la institución.
Baruja subrayó que lo primero que se debe entender es que no se trata de la venta de una vivienda social, como se ha insinuado en algunos cuestionamientos públicos.
“Es un proyecto denominado Las Residentas, que la institución llevó adelante en la construcción en la ciudad de Luque. Son 12 departamentos de un valor importante, de G. 370 millones”, explicó el ministro.
De acuerdo con el secretario de Estado, la venta de las unidades habitacionales se realizó mediante un proceso abierto a cualquier persona interesada. Los postulantes debieron presentar la documentación requerida y, posteriormente, la institución fue adjudicando los departamentos a quienes cumplieron con las condiciones.
“El procedimiento no es diferente a los demás procesos. Las documentaciones que nosotros tenemos avalan el proceso de adjudicación y esos documentos están disponibles en la institución para cualquier tipo de aclaración”, aseguró.
Baruja también marcó una diferencia clave entre este proyecto y los programas sociales tradicionales. Señaló que las viviendas sociales propiamente dichas son las del programa FONAVI, donde el Estado subsidia hasta el 95% del costo y el beneficiario paga solo el 5%.
En cambio, en el caso del proyecto Las Residentas, el adjudicatario debe pagar el departamento en su totalidad, mediante cuotas mensuales establecidas en el contrato.
“Es un departamento que el adjudicado tiene que pagar y paga mes a mes en base a un precio que en este caso es de 370 millones de guaraníes, a un plazo determinado en el contrato y con una tasa también establecida”, explicó.