En caso de que rajen a Santiago Peña, Pedro Alliana debe asumir la Presidencia de la República, pero no llega precisamente “limpio”. El vicepresidente arrastra un historial de denuncias y cuestionamientos que se remontan a su época como gobernador de Ñeembucú y que alcanzan su paso por la Cámara de Diputados y la presidencia de la Asociación Nacional Republicana (ANR).
Uno de los episodios más recordados fue el escándalo de los “nepobabies”, cuando su hija Montserrat Alliana fue nombrada en la Cámara Baja con un salario mensual de G. 18.274.300. La contratación generó cuestionamientos porque se produjo durante la gestión de Alliana al frente de Diputados y sin concurso público. En 2024, la Fiscalía pidió desestimar la denuncia contra la joven y el juez Rodrigo Estigarribia archivó la causa por supuesto cobro indebido de honorarios.
Otro antecedente se remonta a 2020, cuando trabajadores del Partido Colorado denunciaron penalmente a Alliana, entonces presidente de la ANR, por supuesta apropiación y evasión. Los funcionarios afirmaban que se les descontaba el 9% de sus salarios para el seguro social, pero que los aportes no eran depositados en el Instituto de Previsión Social (IPS). El sindicato también denunció presiones laborales y cambios de horarios que, según sus representantes, buscaban forzar renuncias sin indemnización.
Su paso por la Gobernación de Ñeembucú tampoco estuvo libre de cuestionamientos. En agosto de 2013, el concejal departamental Domingo Ayala anunció que lo denunciaría por lesión de confianza, tras observaciones de una auditoría que señalaba pagos por aproximadamente G. 1.500 millones correspondientes a 14 obras que no habrían sido terminadas. Entre los trabajos cuestionados figuraban mejoras de escuelas, plazas, calles y pavimentos. No obstante, no se debe confundir aquella denuncia anunciada con una condena judicial.
En 2015, cuando era diputado, también enfrentó una denuncia por supuestos funcionarios planilleros en una oficina parlamentaria de Pilar. Entre los funcionarios investigados figuraban un cuñado suyo y personas que habían trabajado en su entorno. El fiscal anticorrupción Luis Piñánez solicitó desestimar la denuncia al considerar que no existían pruebas de cobro indebido de honorarios y que la oficina parlamentaria efectivamente funcionaba.
A estos episodios se sumaron las conversaciones con el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, divulgadas en febrero de 2025. Alliana reconoció que intercambió mensajes con el entonces legislador y que se comunicó con el subcontralor Augusto Paiva, en medio de cuestionamientos sobre el análisis de la declaración jurada de bienes de Gomes. El vicepresidente negó haber intercedido para favorecerlo y sostuvo que solamente cumplió su función de nexo entre el Ejecutivo y el Legislativo.
¿Vínculos con Ueno?
La polémica más reciente llegó con la crisis de Ueno Bank, que terminó sacudiendo al Gobierno de Santiago Peña. Alliana reconoció que tenía un Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) de G. 4.000 millones en la entidad, utilizado como garantía para un préstamo de G. 4.500 millones destinado a la compra de un inmueble con fines comerciales.
El vicepresidente aseguró que desconocía los problemas financieros del banco y que sus padres también tenían ahorros en la entidad. Sin embargo, su operación financiera quedó bajo la lupa en medio de las denuncias por la exposición de fondos previsionales y las decisiones del Gobierno relacionadas con la entidad.