Una paraguaya en España casi pierde la oportunidad de solicitar la residencia en España para su hijo de 13 años por culpa del papá.
Él se negaba a firmar su autorización del viaje (llamado antes venia o permiso del menor), contó su hermano Eduardo Ortega a EXTRA.
Él es presidente de la Asociación de Paraguayos en Tarragona, Cataluña, y contó que España abrió después de 21 años un programa para legalizar a migrantes.
Su hermana y su sobrino tuvieron tiempo desde el 16 de abril al 30 de junio para presentar sus papeles.
Pero como el papá, desde Paraguay, se negaba a firmar, le amenazaron con demandarle por prestación alimentaria. “Mi hermana pagó todos los gastos. Y él le dio el permiso hasta los 18 años. En España, ella es la responsable de la manutención, de todo. Pero él nunca aportó nada. Por eso mi hermana también tuvo que rebuscarse la vida para venir a buscar un futuro mejor”, dijo.
Chantajes
Ortega dijo que muchas mamás en España son víctimas de chantajes. Los papás no firman si no hay plata de por medio.
“Mandame tanto y te firmo el permiso, y así. Pero ahora, ni siquiera dio tiempo”, manifestó.
Señaló que conoce casos como el de una niña que vive con su hermana mayor y otro niño que vive con su tía que no tienen la tutela legal. Por eso no consiguieron el permiso, indicó.
La residencia temporal en menores es de 5 años en España. Al cumplirse ese tiempo, tienen derecho a la residencia de larga duración. Los niños sin papeles pueden ir a las escuelas, pero hay zonas donde los hospitales no atienden a ilegales. “Las escuelas de fútbol no admiten niños que tengan solo pasaporte”, dijo Ortega.
Gestión a distancia
Ortega destacó que el trámite para autorizar el viaje del menor al exterior puede hacerse online. “Si vas a un juzgado se puede hacer por videoconferencia, si la mamá está aquí y el papá allá, y es totalmente gratis si hay un mutuo acuerdo”, afirmó.
Solo que los abogados pueden llegar a cobrar G. 3.500.000 y eso le cuesta a la mamá que es la que paga en realidad. “Es un negocio redondo”, manifestó.
Dijo que inflan otros gastos como el del antecedente judicial que con la legalización y apostillado cuesta G. 300.000 máximo. “Pero aquí te cobran 150 a 200 euros (G. 1.000.000 a G. 1.300.000)”, lamentó.