¡Qué sarambí! El caso del exsenador Hernán Rivas, condenado a 8 años de cárcel por su título falso de abogado, destapó un problema mucho más grande: hay más de 1.000 títulos universitarios de funcionarios públicos que no aparecen en los registros de las instituciones educativas.
La Contraloría detectó 1.090 diplomas sin respaldo entre los 34.068 títulos examinados. Los documentos pertenecen a 1.082 funcionarios de 35 instituciones del Estado, según informó el senador Patrick Kemper, presidente de la comisión especial del Senado que investiga el caso.
Kemper aclaró que todavía deben verificar cada situación para determinar si efectivamente se trata de falsificaciones. Es decir, que los documentos no aparezcan en los registros universitarios no significa, por sí solo, que todos sean falsos.
¡También saltó en el MEC!
Uno de los casos que más llama la atención es el del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). El contralor Camilo Benítez señaló que unos 800 funcionarios declararon tener títulos universitarios, pero no se encontraron documentos que respalden esos estudios en los archivos de las universidades consultadas. La Contraloría presentó una denuncia ante la Fiscalía.
Por su parte, el MEC informó que, tras una investigación de más de dos años, anuló los títulos de 108 profesionales de la educación. Además, abrió 12 sumarios administrativos por supuestos títulos falsos y presuntas irregularidades en matrículas. También investiga otros cuatro casos de funcionarios que habrían conseguido aumentos salariales con títulos de dudosa validez.
Carreras sin control
Kemper también cuestionó las fallas de control en el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), encargado de habilitar las carreras universitarias. Según detalló, hay 877 ofertas académicas que no cuentan con acreditación, de las cuales 184 corresponden al área de la salud.
La investigación todavía no terminó. Otros 221 entes públicos y 27 instituciones educativas deben responder los pedidos de información, por lo que podrían aparecer más casos.
Y acá viene otra cuestión: en la función pública, los títulos pueden representar beneficios salariales. Si alguien consigue un aumento con un diploma irregular, la plata que está en juego es la de todos los contribuyentes.