Horacio Cartes tomó postura en medio de la crisis desatada por Ueno Bank y el reclamo de miles de ahorristas que exigen respuestas sobre el futuro de su dinero. El titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) anunció públicamente que respaldará el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña.
A través de un pronunciamiento, Cartes sostuvo que el Partido Colorado no puede estar del lado del “latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados” y afirmó que la prioridad debe ser la gente y los valores que representa la nucleación política.
Pero el pronunciamiento fue más allá de una crítica o un pedido de explicaciones. “Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República”, expresó, marcando así un fuerte distanciamiento político del jefe de Estado.
Cartes también apeló a la historia del Partido Colorado para justificar su decisión. “La bandera colorada representa una historia de servicio al país: honrarla también significa actuar con valentía cuando la patria lo exige”, manifestó.
La bandera colorada representa una historia de servicio al país; honrarla también significa actuar con valentía cuando la patria lo exige. pic.twitter.com/W7ubJ3xMuA
— Horacio Cartes (@Horacio_Cartes) November 5, 2026
Una crisis que sacude al Gobierno
El pronunciamiento se produce después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispusiera el procedimiento de resolución de ueno bank, el 2 de noviembre, tras detectar que su índice de solvencia cayó por debajo del 50% del mínimo exigido.
La medida dejó sin funcionamiento los servicios de la entidad, que cuenta con aproximadamente 2,9 millones de clientes. Además, generó preocupación por los recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), que mantiene inversiones por unos US$ 355 millones en el banco, y por el pago de las pensiones de alrededor de 32.000 jubilados.
En medio del escándalo, el titular del BCP, Carlos Carvallo, presentó su renuncia, mientras siete directivos de la entidad fueron detenidos en el marco de las investigaciones fiscales.
El pedido de juicio político ya había comenzado a tomar fuerza en el Congreso. El 4 de noviembre, un grupo de 35 diputados presentó formalmente el libelo acusatorio contra Peña, con cuestionamientos relacionados con presuntos conflictos de intereses, las inversiones del IPS y la actuación de las autoridades financieras.
Con el respaldo de Cartes, la iniciativa adquiere una nueva dimensión política, al sumar el apoyo del principal referente del oficialismo colorado.
El proceso está establecido en el artículo 225 de la Constitución Nacional: Diputados debe aprobar la acusación por dos tercios de votos y el Senado debe juzgarla y, eventualmente, disponer la destitución por la misma mayoría. Si Peña fuera destituido, la Presidencia sería asumida por el vicepresidente hasta completar el periodo constitucional, conforme al artículo 234.