Paraguay vuelve a vivir un juicio político contra un presidente de la República, pero esta vez el escenario tiene diferencias importantes con aquel 22 de junio de 2012, cuando Fernando Lugo fue destituido en cuestión de horas.
Aunque los dos procesos se apoyan en el artículo 225 de la Constitución Nacional, las causas, los protagonistas y, sobre todo, la reacción de los mandatarios son muy distintas.
En el caso de Lugo, la crisis estalló tras la masacre de Curuguaty, ocurrida durante un violento operativo de desalojo de tierras que dejó 17 muertos: 11 campesinos y 6 policías. El hecho desató una tormenta política que terminó con el entonces presidente fuera del Palacio de López.
La Cámara de Diputados aprobó el libelo acusatorio con 76 votos y el Senado actuó como tribunal. Lugo decidió no renunciar, enfrentó el proceso a través de sus abogados y terminó destituido. Su juicio pasó a la historia como un procedimiento exprés, cuestionado por el escaso tiempo concedido para preparar su defensa, un total de 18 horas para ser precisos.
Peña, contra los suyos
El caso de Santiago Peña tiene otro ingrediente: el escándalo financiero de Ueno Bank. La crisis, que golpeó a ahorristas y puso bajo la lupa el manejo de millonarios recursos, terminó convirtiéndose en una bomba política.
A diferencia de Lugo, Peña no llega al juicio político enfrentado solamente a sus adversarios. La acusación también encontró respaldo dentro de su propio partido.
La denuncia apunta a presuntos conflictos de intereses por su supuesta vinculación accionaria con la matriz bancaria y el supuesto direccionamiento de fondos del IPS hacia esa firma.
Otra diferencia llamativa es la reacción presidencial. Mientras Lugo se mantuvo en el cargo hasta conocer el resultado del juicio, Peña grabó un mensaje a la ciudadanía y presentó su renuncia. Sin embargo, el Congreso frenó su tratamiento para avanzar con el proceso político.
El derecho a defenderse
En ambos casos, Diputados reunió una mayoría contundente para impulsar la acusación. Lugo tuvo 76 votos a favor, mientras que Peña alcanzó 78.
También se repitió la discusión sobre el tiempo para preparar la defensa. Peña solicitó una prórroga de 72 horas, alegando que el plazo inicial era insuficiente frente al volumen de documentos y antecedentes que debía analizar, un total de 300 fojas.
Pero hay una diferencia más: el proceso contra Lugo quedó en el ámbito de la responsabilidad política, mientras que en el caso de Peña se abrió el frente penal, con una investigación fiscal por presuntos hechos punibles vinculados al enriquecimiento ilícito y al aprovechamiento del cargo.
Además, su eventual destitución plantea otra discusión: la situación de los fueros que podría adquirir como senador vitalicio, un título que no fue adquirido por Lugo, y la posibilidad de que estos sean utilizados para intentar esquivar la Justicia ordinaria.