Romina Samudio (31), de Capiatá, contó que este 29 se cumplirá exactamente un año de la ingrata visita de abogados y policías de San Lorenzo que quisieron desalojar a su familia de su casa ubicada sobre la ruta PY-01, kilómetro 17.
Denunció que querían que salieran a la calle con la ropa puesta y que dejaran todos los muebles porque supuestamente el nuevo propietario, juez Fidelino Aquino, compró en una subasta la casa con todo lo que había adentro.
“Rompieron algunos muebles que gracias a los vecinos volvimos a meter. Ellos son testigos de que vivimos ahí hace 20 años y no hace un año como dicen”, mencionó Samudio.
El terreno era un baldío en el año 2000 cuando se mudaron de Asunción, pero después, cuando se hicieron de amigos fue genial, recordó.
Su papá, Damián Samudio construyó con su sacrificio la casa que hoy les quieren arrebatar, mencionó.
“La orden de desalojo iba contra otra persona, o sea que ni siquiera el nombre de mi papá sabían”, destacó.
Municipios confrontados
La mujer pidió que el juzgado les permita hacer el juicio porque tienen documentos que les respaldan. Inclusive tienen un dictamen de la Municipalidad de Capiatá que explica que no se les puede desalojar. La vivienda está en el límite con San Lorenzo.
“Él hace todo en el juzgado de San Lorenzo, la Municipalidad, sus abogados, la policía, el juez que lleva el caso”, refirió la denunciante.
Según explicaron a la familia afectada, el juez Aquino compró la casa en 2017 en una subasta que salió en el periódico. Luego les dejó vivir ahí un año y como no quisieron salir al cumplirse el plazo, tuvo que pedir una orden de desalojo.
“Hablan de un juicio donde nunca nos presentamos pero nunca supimos de la existencia del juicio”, remarcó Samudio.
Inclusive el vecino de al lado está con el mismo pleito porque ambas viviendas formaban parte del mismo terreno, cosa que hoy ya no sucede porque el vecino ya tituló su propiedad.
“Tendría antecedentes y está muy metido en la política”, subrayó.
Según una publicación del diario Última Hora, Aquino fue suspendido por la Corte Suprema de Justicia en 2014 por ordenar a la Dirección General de los Registros Públicos inscribir en forma preventiva cuatro lotes comprados en forma fraudulenta del Indert.