La Conajzar advirtió que varias rifas con premios millonarios se están moviendo por redes sociales sin la autorización correspondiente.
El presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), Carlos Liseras, señaló que detectaron sorteos que ofrecen vehículos 0 km, motos, deslizadoras, cuatriciclos y otros premios de alto valor.
El problema no es solamente quién organiza la rifa. Los influencers y jóvenes con miles de seguidores que las promocionan también quedaron en la mira.
Liseras explicó que actualmente solo existen cuatro empresas autorizadas por la Conajzar para explotar rifas comerciales a nivel nacional. Estas pagan un canon y están sometidas a controles.
La situación cambia cuando una rifa tiene un permiso municipal, pero después empieza a vender números por Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram u otras plataformas a personas de todo el país.
¿Y qué pasa con los influencers?
Según Conajzar, un municipio puede autorizar determinadas rifas dentro de su jurisdicción, pero ese permiso no habilita automáticamente una venta a nivel nacional.
Por ejemplo, una rifa autorizada por la Municipalidad de Villa Elisa debería mantenerse dentro de los límites de ese municipio, explicó Liseras. Si comienza a promocionarse en redes y a venderse a personas de otros puntos del país, ya estaría excediendo ese permiso.
Muchos son contratados o contactados para hacer historias, reels o publicaciones mostrando el premio y animando a sus seguidores a comprar números. El problema es que, si la rifa no tiene autorización de la Conajzar, la promoción también podría meterlos en problemas.
El titular de Conajzar fue todavía más contundente: si la actividad no cuenta con autorización del organismo, se trata de una explotación clandestina y puede constituir un hecho punible.
Ojo con el premio “demasiado bueno”
Otro punto que preocupa es que estas rifas no siempre tienen un reglamento controlado ni garantías de que el premio ofrecido llegue efectivamente al ganador.
Además, según Conajzar, algunas no pagan el canon correspondiente o abonan montos muy inferiores a los que pagan las empresas habilitadas, lo que también genera un perjuicio económico al Estado.
Liseras anunció que preparan operativos e intervenciones junto con la DNIT y que ya existen denuncias presentadas ante la Fiscalía.