S. empezó una relación amorosa que duró varios años. Cuando ella quedó embarazada, su pareja, D. S. F., empresario de una importadora, decidió separarse de ella. Tardó cinco años en lograr la imputación por prestación alimentaria en 2012. Ayer, el hombre logró nuevamente suspender el juicio oral por el caso.
“Llevo muchos años luchando por esta causa. Si esto le pasaba a un hombre que no tiene el poder adquisitivo que tiene este señor, ya hubiese estado en la cárcel, como lo manda la ley”, se lamentó la mujer.
Contó que desde que se enteró que quedó embarazada, el hombre desapareció. Luego de lograr que se inicie el proceso, recién tuvo “algún tipo” de contacto. En aquel entonces, el empresario tenía la obligación de pasarle a su hija G. 1.600.000.
“Nunca le dio nada hasta ahora, ni dinero ni presencia”, dijo. La niña ahora tiene 10 años y ha visto a su papá muy pocas veces. El monto ya suma G. 130.000.000, aproximadamente.
Fue multado
En 2013, el juez penal de garantías Rubén Ayala Brun multó a Nicolás Gaona Irún, abogado del empresario, por truncar la realización de la audiencia preliminar desde septiembre de ese año.
Ayer, nuevamente Gaona Irún no se presentó al juicio alegando que estaba de viaje, mientras que los otros dos abogados renunciaron, por lo que la parte acusada no puede presentarse sin defensa, según lo establece la ley.
Parlamentario debió pagar
Uno de los juicios más largos y polémicos por prestación alimentaria es el del senador Blas Llano, quien tardó 15 años en aceptar pasarle dinero a su hija. En diciembre del año pasado, la jueza de la Niñez y Adolescencia, María Teresa Franco Carrera, dispuso que el parlamentario deposite G. 2.500.000 en una cuenta del Banco de Fomento del 1 al 10 de cada mes. Fátima Flor de Buccini, abogada de la madre de la joven, había promovido primeramente la filiación en los primeros años.
