El Vaticano se niega a recibir dinero de la Conmebol. El escándalo de la FIFA sigue levantando polvareda. Ayer, el Vaticano decidió romper un convenio de donación que tenía con la AFA, la Conmebol y la empresa Tele Red Imagen S.A. La Santa Sede iba a recibir 10 mil dólares para el Programa Scholas (iniciativa impulsada para inculcar valores a través del fútbol a los barrios más carenciados de distintos países), por cada gol convertido y penal atajado durante la Copa América disputado en suelo trasandino.
“Dado los acontecimientos de público y notorio ocurridos desde el 27 de mayo de 2015, resuelvo suspender en su aplicación el mencionado convenio hasta tanto se le haga saber otra decisión al respecto. Por lo tanto, solicito de usted se abstenga de efectuar depósito alguno de dinero debiendo considerar, como queda dicho, suspendido todo compromiso pactado en relación con el convenio”, dice el documento emitido por el Vaticano y dirigido a la Conmebol.
Otra indirecta al fútbol
La firma del convenio se había hecho en la Santa Sede el 21 de abril, pero el Vaticano decidió dar marcha atrás por los escándalos que salpicó y sigue salpicando a altos dirigentes de la casa matriz del fútbol mundial.
“El Programa Scholas se abstendrá de recibir fondo alguno hasta que se esclarezca la investigación judicial en curso. Y mantendrá la decisión fundacional de trabajar junto al fútbol y al resto de los deportes, en la transmisión de los valores para la cultura del encuentro”, reza el escrito en su parte final. La negativa del Vaticano va directamente dirigida a la CSF, quien es la principal organizadora de la Copa América.
Falta la venia de Horacio Cartes
Ayer, la Cámara de Senadores decidió dejar sin efecto la ley que otorga inmunidad a la sede de la Conmebol, que está situada en nuestro país. El documento irá al Poder Ejecutivo. El FBI está interesado en intervenir la sede del organismo deportivo; para concretar esto se necesita derogar la ley 1070/97, que le otorga inviolabilidad al local, así como sus bienes y archivos. Ahora queda en manos del presidente Horacio Cartes, quien tendrá la decisión final.