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Se manifestarán frente a tienda para pedir justicia por empleada fallecida

Piden esclarecimiento sobre la muerte de Emilia y una pensión justa a sus familiares.

Trabajadores de la organización Acción Sindical Clasista se manifestarán esta tarde, a partir de las 17:00, frente a la sucursal de Biggie de San Lorenzo (Manuel Ortiz Guerrero y Resurrección), donde terminó intoxicada y falleció el viernes Emilia Cardozo (21), una de las empleadas.

Los manifestantes pedirán a los representantes de la empresa esclarecer los detalles de la muerte de la joven, así como un resarcimiento justo a sus familiares. Criticaron al Ministerio de Trabajo, debido a que el local volvió a operar normalmente desde ayer.

“Comenzamos a llamar a las demás víctimas para citarlas el martes, si se sienten bien. Todos están de alta, pero el golpe psicológico es muy fuerte, son muy jovencitos y perdieron a su compañera de trabajo”, dijo el fiscal del caso Christian Roig.

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Explicó que solicitó informes médicos al IPS, además aguarda los estudios técnicos del generador que explotó y ocasionó que la joven y otras cinco personas inhalaran gas tóxico. Roig indicó que la carpeta fiscal ingresó como “Hecho a determinar sobre personas innominadas”.

“Es todavía muy difícil de tipificar. En un accidente laboral la empresa es responsable”, dijo.

El viceministro de Trabajo, Luis Orué, confirmó que fiscalizadores fueron al local comercial para realizar una inspección.

Según las primeras versiones, el jueves se fue la luz y la misma trabajadora habría manipulado el generador, por lo que se debe determinar si esta labor le correspondía.

El secretario de Estado dijo que se recibieron denuncias anónimas de que el comercio sería insalubre, entre otras quejas. En el caso de comprobarse alguna irregularidad, anunció que se sancionará a la empresa con una multa, que sería 10 jornales (G. 843.400) por cada trabajador y que existen entre ocho a 9 empleados (más o menos G. 7.590.600).

Otras denuncias

Karen Ferreira (33) estuvo un año en una sucursal de la misma empresa, en Américo Pico (Villa Elisa), pero antes de sus primeras vacaciones, en octubre pasado, la llamaron de Recursos Humanos.

“Querían que firme unos papeles sin que lea. Me decían que no hacía falta. Les dije que no, siendo que yo no renunciaba. Me dijeron de todo, hasta que voy a ir al Buen Pastor por ladrona. Es una táctica que usan luego para echar”, lamentó a EXTRA.

La joven contó que intentó llevar el papel que querían hacerle firmar para asesorarse y fue agredida por un guardia y el abogado de la empresa.

“Me lastimaron el brazo, me rasguñaron, me echaron como la peor persona y yo ahí di más de doce horas de trabajo. Me fui al Ministerio para denunciar la agresión y también por despido injustificado y hasta ahora chicanean”, dijo.

B. (21), otra excajera de la sucursal de La Victoria (Asunción) relató que ella renunció luego de ver los descuentos compulsivos que le hacían.

“El primer mes me pagaron G. 427mil. El segundo G. 1.300.000 de G. 2.300.000 que prometieron, ahí renuncié”, se quejó.

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