Sin remordimiento, Julián Orquiola Osorio clavaba con cuchillo a un teju hü (lagarto) en Vaquería, Caaguazú, en noviembre pasado. Tampoco parpadeó para abrir al ejemplar y quiatarle todos los huevos. No contento con eso, lo despellejó vivo. Aquella acción quedó grabada e indignó a todos.
Sin embargo, lo que para él causaba gracia le costará nada más y nada menos que G. 406.260.000, según anunció el Ministerio del Ambiente el 23 de este mes.
La ejemplar y millonaria multa fue aplaudida de pie. Pero eso no es todo: El torturador del teju, aparte de la sanción administrativa, afronta un proceso penal por la caza ilegal de animales silvestres.
“Fue llamado a declarar, se presentó con un defensor y alegó que tiene problemas de salud”, mencionó a EXTRA Marta Leiva, fiscala de delitos ambientales de Caaguazú, quien está a cargo del caso.
La profesional manifestó que el hombre entregó unos estudios médicos. “Presentó unas constancias de que está siendo tratado, alegó que tiene problemas psiquiátricos y dejó los documentos”, mencionó.
Leiva aclaró que esto está en investigación. “Hay que saber si los estudios son válidos, ya que fueron copias lo que presentó”, aclaró.
Analizarán si es real
La encargada del proceso explicó que después de eso se analizará si el muchacho puede recibir o no una sanción penal.
“Dependiendo si es real la patología que él refiere tener, podremos saber si es que realmente amerita la sanción penal, es decir, si está en condiciones de ser procesado, si entendía o no lo que estaba haciendo en ese momento”, detalló.
Para estudiar el caso en su totalidad, Leiva pidió el expediente completo del caso a las autoridades ambientales.
Independientemente a este recurso presentado y lo que se llegue a determinar, Orquiola Osorio deberá pagar la millonaria suma mencionada. “Eso es totalmente otra cosa y está a cargo de la la parte administrativa del Ministerio del Ambiente”, concluyó.
Tiene 10 días para pagar
Enrique Cañiza, asesor jurídico del Ministerio del Ambiente, explicó cómo es el proceso. “Todos los sancionados son notificados de la decisión de las autoridades ambientales. Desde allí, como todos los otros casos, tiene 10 días para hacer el pago de la multa y, si no paga, vamos a presentar en tribunales e iniciar un juicio civil.
Luego se le intima de pago, se embargan sus bienes, se secuestran sus bienes y se rematan. Si aún así no puede cubrir todo eso, se le inhibe por 10 años y se le incorpora en el sistema de Informconf ambiental. Puede fraccionar la multa hasta un año, pero para eso tiene que pedirlo”, contó.