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Locales deberán prohibir que se tome en la vereda

Director aclaró que no se trata de una "cacería de brujas".

Ya no solo los puestos de tragos, lomiteros y carriteros tendrán prohibido vender bebidas alcohólicas en la calle.

La Municipalidad de Asunción cambió su postura y ayer aclaró que también los restaurantes tendrán que impedir que sus clientes tomen alcohol en las mesas instaladas en las veredas.

“Si se constata esa trasgresión se va a hacer la notificación. Pero la ley 1642 es clara: no tenemos el poder coercitivo de aprehender a las personas”, explicó Enrique Chávez, director general de la Policía Municipal de Vigilancia.

Explicó que no es una “caza de brujas” sino un control que continuará desde hoy, según lo resuelto ayer por directores con el intendente Óscar "Nenecho" Rodríguez.

“El encargado de hacer cumplir la ley es el Ministerio Público y si requiere nuestro servicio, procederemos por los locales que pagan un canon”, añadió Chávez.

Acceso Sur

Por otra parte, los controles sobre Acceso Sur seguirán para combatir el chupi en la vía pública y las carreras clandestinas, afirmó el intendente de Ñemby, Lucas Lanzoni.

“Lastimosamente, ellos (por los motociclistas) se comunican por WhatsApp, entonces vamos a cambiar los lugares de control”, dijo.

El cumplimiento de la Ley Seca va a tener una repercusión mínima en cuanto a sancionados por alcotest, según el director de la Patrulla Caminera, Luis Jacobs.

“Hay que modificar la ley en relación a los alcoholizados, sacarles la licencia de conducir por un tiempo para que piensen, mejorar el proceso de capacitación e incorporar educación vial en los colegios”, apuntó.

En 2019, la Patrulla Caminera realizó 18.062 sanciones por alcotest en rutas, un 20% más que las sanciones del 2018.

Diligencias

En el caso de los cinco procesados por beber en una vereda de Acceso Sur, la fiscala de San Antonio, Laura Ávalos, llamará a los agentes intervinientes, como el que hizo el alcotest, para que después los implicados se presenten con sus abogados para su declaración indagatoria ante el Ministerio Público.

“Siempre hubo controles en la zona, pero eran intermitentes”, dijo Ávalos.

Ellos se exponen a una multa de hasta G. 32 millones por beber en la vía pública.

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