Conflicto entre feligreses y magistrada en San Cristóbal, Alto Paraná. Es “persona no grata” para Junta Municipal.
Pobladores de San Cristóbal, distrito de Alto Paraná, y la propia Junta Municipal repudiaron a la jueza de paz, Liliana Bristot, quien criticó duramente a la iglesia Santo Domingo Guzmán por exigir el pago del diezmo para la inscripción a las clases de catecismo.
“Fui a la iglesia con la intención de inscribir a mi hija a la catequesis y me pidieron, entre los requisitos, la boleta de pago del diezmo del año 2016. Yo reclamé que no podía ser una exigencia para recibir el sacramento.
Me parece bien que se colabore con dinero para ayudar a la iglesia, pero no puede ser obligatorio”, dijo Bristot.
La magistrada denunció, vía Facebook, que en el 2009 intentó bautizar a su hija, pero dijo que le solicitaron el pago de G. 800.000 por los años que no cumplió con la contribución. Las publicaciones indignaron a los feligreses y, el sábado, unos 600 pobladores se manifestaron en contra de la jueza, de nunciando una supuesta falta de ética y comportamiento indecoroso. La Junta Municipal la declaró persona no grata.
El abogado Rolando Cáceres Salvioni, representante de la comisión parroquial, señaló que la secretaria no solicitó a Bristot el pago del diezmo, pero sí el recibo del aporte voluntario de G. 66.000.
“Feligreses, trabajadores de la cooperativa, del colegio y toda la comunidad están cansados de la actitud de la jueza que constantemente ofende y denigra a los pobladores, enalteciéndose de sus influencias. A la secretaria le trató de burra”, dijo Cáceres.